Mientras José Arce, secretario general de ATSA, juró como legislador provincial pese a haber enfrentado denuncias por presunto desvío de fondos y un pedido fiscal de detención, Héctor “Chabay” Ruiz fue impedido de ocupar su banca, en una decisión denunciada como persecución política.
En Santiago del Estero, los criterios utilizados para evaluar a los legisladores vuelven a quedar bajo la lupa. La Cámara de Diputados provincial quedó en el centro de la polémica por dos decisiones que reavivan los cuestionamientos sobre el funcionamiento de las instituciones y su relación con el poder político.
Por un lado, José Arce, secretario general de ATSA, asumió como diputado provincial pese a sus antecedentes de investigaciones por presunta defraudación. Por el otro, Héctor “Chabay” Ruiz, histórico opositor al zamorismo, fue impedido de ocupar su banca.
Las denuncias contra Arce y el pedido de detención
En diciembre de 2016, José Arce enfrentó múltiples denuncias por presunta defraudación y desvío de fondos de la mutual y de los aportes de los trabajadores de la sanidad.
La fiscal Celia Mussi llegó a solicitar formalmente su detención e indagatoria por presuntas maniobras de estafa contra la administración pública y los propios afiliados.
Las acusaciones apuntaban a transferencias de dinero desde las cuentas de ATSA y su mutual hacia cuentas particulares vinculadas al dirigente sindical. También se denunciaron presuntos gastos destinados a refacciones de su vivienda, que habrían sido financiados con recursos de esas entidades.
Sin embargo, pocas horas después de solicitar la detención, la fiscal fue apartada de la investigación. El posterior estancamiento denunciado del expediente alimentó los cuestionamientos sobre una posible protección judicial al dirigente.
Años después, Arce llegó a la Legislatura provincial y asumió su banca con las inmunidades correspondientes a su función, mientras los antecedentes de aquellas investigaciones siguen generando interrogantes sobre el tratamiento judicial de las denuncias.
Chabay Ruiz y las denuncias de persecución política
En la vereda de enfrente aparece Héctor “Chabay” Ruiz, dirigente opositor que durante décadas mantuvo fuertes enfrentamientos políticos con el zamorismo.
A diferencia de Arce, Ruiz fue impedido de asumir su banca mediante una decisión legislativa que sus sectores afines denunciaron como parte de una persecución política y judicial.
Desde esa posición sostienen que el oficialismo utilizó mecanismos institucionales e impugnaciones para bloquear el ingreso de un dirigente que se negó a pactar con el poder provincial.
Las situaciones judiciales de ambos dirigentes son diferentes, pero el contraste volvió a instalar una discusión sobre los criterios que utiliza la Legislatura para admitir o excluir representantes electos.
Impunidad para unos, proscripción para otros
La incorporación de Arce y la exclusión de Ruiz reavivan las acusaciones de una doble vara institucional en Santiago del Estero.
Desde la oposición cuestionan que un dirigente con antecedentes de denuncias por presunto desvío de fondos y un pedido fiscal de detención pueda acceder a una banca, mientras otro representante electo queda fuera del recinto en una decisión que consideran políticamente motivada.
La controversia también pone sobre la mesa el papel de la Justicia provincial, el alcance de las inmunidades parlamentarias y la transparencia de los procedimientos legislativos.
El interrogante que deja este contraste es inevitable: ¿los criterios institucionales se aplican por igual a todos los representantes o dependen de su relación con el poder político?
Periodismo independienteen Santiago del Estero.
