En una muestra más del cinismo político que caracteriza a la vieja casta, los senadores santiagueños Gerardo Montenegro y Claudia Ledesma Abdala votaron en contra de la ley de Ficha Limpia, sumándose al bloque kirchnerista y contribuyendo así al rechazo de un proyecto elemental para sanear la política argentina. La iniciativa, promovida por el gobierno del presidente Javier Milei y respaldada por la ciudadanía, buscaba impedir que personas con condenas por corrupción en segunda instancia pudieran ser candidatas o ocupar cargos públicos.
La ley cosechó 36 votos afirmativos, apenas uno menos que los 37 necesarios para su aprobación. Esa diferencia mínima bastó para mantener abiertas las puertas del poder a personajes con antecedentes penales, entre ellos la propia Cristina Fernández de Kirchner, condenada por corrupción en 2022.
Mientras en el país crece el hartazgo social frente a la impunidad, en Santiago del Estero la dirigencia política continúa blindando privilegios. Lejos de representar a los ciudadanos, los senadores oficialistas eligieron preservar los intereses del poder feudal que gobierna la provincia hace décadas. Su voto no sorprendió: responde a una lógica de impunidad que se replica tanto en el plano provincial como nacional.
Gerardo Montenegro, dirigente sindical ligado al poder local, y Claudia Ledesma Abdala, esposa del gobernador Zamora, decidieron alinearse con quienes entienden la política como un mecanismo de autoprotección. Su voto fue funcional a los condenados, a los que temen rendir cuentas, y a quienes ven al Estado como una caja para enriquecerse, no como un instrumento al servicio del pueblo.
Mientras senadores libertarios como Ezequiel Atauche y Bruno Olivera Lucero defendían la ética y la idoneidad en la función pública, los representantes santiagueños aplaudían la caída de una norma que habría impedido que delincuentes disfrazados de candidatos se reciclen una y otra vez en la política.
El pueblo santiagueño, víctima de décadas de clientelismo, merecía otra cosa. Merecía legisladores que rompan con la corrupción estructural que lo mantiene en la pobreza y el atraso. Pero sus senadores decidieron otra cosa: cuidar los privilegios de la casta, antes que garantizar elecciones limpias y transparentes
